25 de mayo de 2017.- El Plan Energía y Clima con horizonte 2030 implica para España ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de carbono y de aumento de energía renovable. Tras la reciente subasta organizada por el Ministerio de Energía, nuestro país contará previsiblemente en un futuro inmediato con 3.000 MW de potencia renovable adicional. Una cantidad nada despreciable que constituye una buena noticia. Pero la convocatoria sólo ha logrado adjudicar potencia eólica, es decir, generación renovable no firme. Y esto es un motivo de preocupación para la estabilidad y la seguridad de nuestro parque de producción.

Un elemento crucial de un sistema eléctrico es su capacidad firme, es decir, la potencia de producción de electricidad que debe ser base y respaldo de otras tecnologías que, por sus propias características, dependen de factores no gestionables como la disponibilidad de viento, sol o agua.

Actualmente, el Sistema Eléctrico Nacional confía la mayor parte de esa potencia firme al carbón y a la energía nuclear, lo que abre preocupantes interrogantes a nuestro abastecimiento eléctrico.

El parque térmico español de carbón está formado en buena medida por antiguas y obsoletas centrales, de bajo rendimiento, muchas de ellas diseñadas a mediados del siglo pasado. Además, necesitarían elevadas inversiones para reducir su elevado impacto medioambiental. Estos factores van a provocar el cierre de unos 4.000 MW de potencia firme del Sistema Eléctrico antes de 3 o 4 años, y el resto de los 9.500 MW de carbón en operación en la actualidad deberán, muy probablemente, cerrar antes del 2030 por razones económicas y ambientales.

Las perspectivas del parque nuclear no son más halagüeñas, dadas las serias dudas entre los operadores sobre la rentabilidad de esta tecnología. Las centrales españolas han sido diseñadas para una vida útil de 40 años. Aunque es técnicamente posible extender la vida útil más allá de ese límite, los operadores nucleares se encuentran en estos momentos ante el dilema de la oportunidad y la rentabilidad de dicha extensión. Un debate que ya se ha abierto en España con el caso de Garoña y que es sólo el inicio de uno más amplio que alcanza al resto de las centrales nucleares.

A medio y largo plazo, y si no hacemos nada, parece que la única alternativa al carbón y la energía nuclear es el gas natural.

Dado este panorama, ¿debemos confiar la estabilidad y la potencia firme de nuestro abastecimiento eléctrico exclusivamente al gas natural? ¿Preferimos ignorar que la totalidad del gas que llega a la Península es importado y proviene de países política y geoestratégicamente inestables?

Nos olvidamos de recientes episodios en los que el gas marcó precios marginales altísimos, causando pérdida de competitividad a toda España. No parece, desde luego, el mejor camino. Nuestra dependencia energética se vería agravada, la seguridad de nuestro suministro eléctrico a la industria quedaría en riesgo y la reducción de CO2 no alcanzaría los niveles exigidos. Nuestro Sistema se enfrenta, en consecuencia, a la falta de generación de base, a una mayor dependencia del gas natural y a una pérdida de competitividad con Europa porque subiría mucho el coste de la energía ante este escenario.

La generación con biomasa de alta eficiencia y baja emisión con residuo agrícola y forestal como combustible, puede aportar una potencia firme significativa y mitigar el excesivo peso del gas natural en el mix de generación de España. Bien evaluado y gestionado, podríamos contar con 3.000 MW de biomasa agrícola y forestal en los próximos 15 años, que permitirían reemplazar parte de la capacidad de carbón o nuclear clausurada. Esta energía puede ser muy competitiva.

La Administración puede hacer que todos estos combustibles sean extremadamente baratos, simplemente impidiendo su libre quema en el campo como hoy se hace, contaminando y con un alto riesgo de incendios, así como obligando a la limpieza de los bosques para evitar incendios. El aprovechamiento competitivo de estos combustibles generaría, además, muchísimo empleo rural que, aunque no sea clave en la política energética de este país, es un atributo nada despreciable. Pero lo verdaderamente relevante es que esta energía sería extremadamente competitiva. De hecho, en países como Alemania la generación con biomasa supone el 8% del parque eléctrico.

Esta Transición Energética requiere una adecuada planificación, el trabajo conjunto del Gobierno, las comunidades autónomas y del sector, así como poner freno a prácticas agrícolas y forestales aberrantes, como las quemas descontroladas y alto impacto ambiental de residuos agrícolas en el campo, o no limpiar correctamente nuestros bosques. Y también mucha labor de pedagogía a la sociedad. No se puede perder de vista que avanzar hacia un modelo energético bajo en emisión de carbono y seguro no es una opción. Es una obligación. Debemos ponernos a trabajar todos para lograrlo.